por Ernesto Treviño, Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación UDP
EL AMBIENTE social en el sistema educativo se encuentra en un estado de efervescencia generalizada. En primer lugar, los estudiantes universitarios exigen mejores condiciones de financiamiento para todos, independientemente si la institución a la que asisten es pública o privada. En el fondo, tienen razón. Persiste un sistema discriminatorio que, para algunos, ofrece intereses bajos, pagos adecuados y extinción de la deuda después de 12 años. Otros, los más desaventajados, sufren por la imposición de intereses leoninos que no se condicen con sus posibilidades de ingreso. Se requiere un solo sistema de financiamiento con condiciones igualitarias para los estudiantes. En suma, el compromiso económico del Estado con la educación superior es mínimo.En segundo lugar, los estudiantes de universidades tradicionales reclaman mayores recursos para estas instituciones. Están en lo correcto, particularmente los de universidades estatales. En Chile no existe educación superior pública, pues el financiamiento de las universidades del Estado proviene principalmente de las matrículas que pagan los estudiantes. Esto, a pesar de la vocación pública de muchas de nuestras casas de estudio. En tercer lugar, los estudiantes de educación media parecen perseguir una Revolución Pingüina 2.0. Con un discurso bastante menos articulado, también tienen razón. La aprobación de la LGE, la subvención escolar preferencial, la ley de aseguramiento de la calidad y la ley de calidad y equidad de la educación han sido un avance, pero a la educación pública se la está dejando morir en una lenta agonía. El gobierno anterior envió al Congreso una ley de fortalecimiento de la educación pública que fue un saludo a la bandera. El actual presentó una propuesta de un comité experto casi a escondidas, un viernes por la noche. La propuesta es un collage ininteligible que denota un desgano por mejorar la educación estatal. La caída de la población infantil, el esquema de financiamiento por asistencia, la inequidad en las reglas de operación para escuelas públicas y privadas, la falta de capacidad institucional en los municipios y la inmovilidad gubernamental condenaron a la educación pública a una muerte por desnutrición. Lenta y segura.En cuarto lugar, los profesores están en paro, con más ganas que propuestas concretas y factibles para mejorar la educación pública. Aciertan completamente en la crisis de nuestro sistema escolar público y en la indolencia de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo ante el problema. Lamentablemente, la representación de los docentes suele sesgar sus propuestas hacia las reivindicaciones laborales de los profesores. Sin duda que debemos mejorarlas, pero este es el momento de estar a la altura de las circunstancias para salvar a la educación pública.Ojalá tengamos un plan integral para refundar la educación pública, lo cual, según la evidencia internacional, requiere al menos siete años de apoyo constante y coherente. Los actores de hoy no se llevarán los laureles por transformar la educación pública, pero habrán hecho un gran servicio al país.
Diario La Tercera
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